Definirán situación jurídica de exfuncionarios mexiquenses por concesión del Viaducto Bicentenario

En el Penal Federal del Altiplano se reanudará la audiencia inicial por presunta explotación ilegal del Viaducto Elevado Bicentenario, los implicados son Ernesto Némer Álvarez; el exsecretario de Movilidad, Luis Gilberto Limón Chávez; el exdirector de Aeropuertos, Autopistas y Servicios Conexos de la entidad, Alberto Tomás Angulo Lara; y el exdirector de la Junta de Caminos de la entidad, Jorge Joaquín González Becerril, así como Andrés de Oteyza y Sergio Hidalgo Monroy, exdirectivos de OHL México, y el actual presidente del consejo directivo de Aleática, Rubén Gerardo López Barrera, quienes el martes comparecieron en su segundo citatorio ante el juez Daniel Ramírez Peña, quien conoce de la causa penal.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) Aleática opera y explota el Viaducto Elevado Bicentenario sin contar con una concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), lo hace bajo una concesión otorgada por el gobierno mexiquense el cual no tiene competencia para ello debido a que se trata de una vía federal.

En 2021, el gobierno estatal, a través de estos cuatro funcionarios, firmaron un acuerdo de cooperación con la Secretaría Infraestructura y de Comunicaciones y Transportes (SICT), del gobierno federal, “para regularizar la posición jurídica y el aprovechamiento de la vía federal sobre el cual está construido el Viaducto Elevado”.

La FGR explica que al no contar con la concesión de la dependencia federal se constituye una violación a la ley de bienes púbicos de la nación.

La defensa de Aleática argumentó que la empresa invirtió varios millones de pesos en la construcción del Viaducto Bicentenario y ahora por ello opera, mantiene, conserva y explota la vía, con una concesión que legítimamente le extendió el gobierno estatal en 2008, luego de una licitación pública.

Los ingresos de Aleática por la explotación del Viaducto Elevado son de más de ocho mil millones de pesos, y una contraprestación de 43 millones de pesos al gobierno del estado.

Lo anterior para el Ministerio Público ha causado un daño a la federación, pues esos recursos deberían ser aprovechados por el gobierno federal y no el estatal.

Los defensores indicaron que no se está explotando la vialidad México-Querétaro, sino una nueva vialidad que se construyó en un segundo piso de ese derecho de vía, y por el cual la empresa invirtió varios millones de pesos y tiene la facultad legal para recuperar su inversión a través del cobro de peaje, amparado en el título de concesión que se expidió a su favor.

El juez determinará este miércoles si vincula o no a proceso a los acusados, con base en los elementos que durante la diligencia de este martes fueron vertidas por las partes.

Con información de AD Noticias y AMX Noticias

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